Fuente: Reforma/ Saraí Cervantes
El sector privado advirtió que el acuerdo por el cual la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno federal se sujetan al régimen de seguridad nacional pone al Ejecutivo por encima de la ley.
“Respetamos las atribuciones legales que tiene el Presidente para emitir decretos, pero no compartimos que la medida para agilizar las obras sea emitiendo permisos provisionales en fast track, omitiendo principalmente leyes o posponiéndolas.
“Expresamos nuestra preocupación de que con este decreto nos lleve a mayor improvisación, mayores costos, menor transparencia y deterioro en las obras. Estamos en contra de que esto suceda”, dijo Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en conferencia de prensa.
Agregó que un plazo de cinco días hábiles, como plantea el acuerdo para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal otorguen la autorización provisional de construcción, es insuficiente para poder revisar una solicitud y autorización de revisión de una obra.
“Este tema debe de tomarse con seriedad porque pueden existir retrasos artificiales para obtener una dádiva y acelerar los procesos. En cinco días es imposible revisar que esté correcto un proyecto cualquiera que sea”, apuntó.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseveró que al equiparar los proyectos federales al régimen de seguridad nacional se evaden diversas normas constitucionales y legales, que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia, acceso a la información pública, a la libre concurrencia, la división de poderes y la lucha anticorrupción.
“El acuerdo presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley.
“Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”, dijo en un comunicado.
