Fuente: El Financiero/ Fernando Navarrete
- ‘Decretazo’ promueve la improvisación y el deterioro de la calidad, aseguró
El decreto con el que el gobierno federal busca “agilizar los trámites” y ‘blindar’ megaproyectos y obras de la actual administración, al declararlos como ‘asunto de seguridad nacional’, podría resultar en un sobrecosto y falta de transparencia para su ejecución, advirtió Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
“Esto traerá como consecuencia mayores costos, menor transparencia y seguramente deterioro en la calidad de las obras, estamos en contra de que esto suceda”, aseguró Solares en conferencia de prensa.
El decreto presidencial publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ordena a las dependencias otorgar autorizaciones, permisos o licencias de carácter provisional en un plazo máximo de cinco días, en caso de no hacerlo así se considera resuelta en sentido positivo la dispensa de trámites.
“Los constructores afiliados a la CMIC expresamos nuestra preocupación de que este decreto derive en mayor improvisación”, dijo Solares. El presidente de la CMIC advirtió que el poco tiempo que se tendrá para presentar la documentación y permisos necesarios, promoverá la improvisación y el deterioro de la calidad de las obras.
“No compartimos la medida para poder agilizar las obras sea emitiendo permisos provisionales en fast track para poder de alguna manera agilizar el inicio de las obras, omitiendo principalmente leyes o posponiéndolas, creando un ambiente en el cual estamos vulnerando el orden institucional que tanto esfuerzo nos ha costado construir”, dijo. El representante de más de 9 mil pequeñas y medianas constructoras del país agregó que el decreto no es claro en el tipo de obras que podrían ser blindadas por el gobierno, más allá de los proyectos insignia como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía.
El gobierno federal declaró interés público y de seguridad nacional obras a cargo del gobierno asociados a infraestructura de sectores comunicaciones, aduanero, fronterizo, ferroviario, hidráulico, turismo, salud, medio ambiente, puertos y energía.
Agregó que el plazo de cinco días para revisar una solicitud de construcción, como se propone en el decreto, es insuficiente ya que para muchas obras los permisos y licencias pueden tardar en otorgarse entre seis meses y 1 año. “Si tuviéramos planeación no tendríamos que hacer las cosas de manera improvisada, y a veces por ocurrencia, deberíamos de estar haciendo los trámites de las obras que se van a hacer dentro a dos, tres o cincos. Vemos con mucho riesgo de que se pueda caer en equivocaciones o en errores”, dijo.
EL DECRETO ordena a las dependencias otorgar permisos o licencias de carácter provisional en un plazo máximo de cinco días
