Fuente: Milenio/ Alondra Ávila

  • Confió en que la renovación del Congreso federal, el Congreso local y los municipios traiga mayores oportunidades a los constructores.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) en el Estado de México, Enrique Maza Cotero, confió en que la renovación del Congreso federal, el Congreso local y los municipios de mayores oportunidades a los constructores de tener mayor participación en los proyectos de obra pública.

“Estamos haciendo lo propio con la iniciativa privada y con el sector público confiamos en tener mayor participación. Este año el presupuesto federal para infraestructura se priorizó a estados como Campeche y Tabasco, la idea es que haya más recursos para todas las entidades”.

Recordó que las pasadas elecciones fueron un ejercicio democrático ejemplar y el estado de México no fue la excepción. “Todos los participantes hicieron una elección libre, hubo algunos detalles mínimos que no fueron más allá, se nos permitió escuchar propuestas y planes de trabajo tanto de aspirantes a diputados locales, federales y presidentes municipales”.

En general -dijo- la mayoría de los que fueron electos tienen toda la intención de llevar a cabo más infraestructura, lo cual impulsará el desarrollo de las comunidades y por ende la reactivación económica, especialmente, porque de 2 mil constructoras que pararon actividades o cerraron definitivamente solo 100 son mexiquenses.

Maza Cotero refirió que algunos ayuntamientos tienen adeudos con empresas constructoras y la promesa es que se cubran antes de que concluya su gestión. Lo importante es que los representantes legales presenten sus facturas a los gobiernos municipales y presionen para recibir sus pagos, pues con el cambio el riesgo es que las nuevas autoridades no quieran pagar.

“Sabemos que viene un cambio y la llegada de nuevas administraciones municipales conlleva a que haya acuerdos de cabildo, lo cual empantana mucho el proceso de cobranza a los constructores. Lamentablemente muchas autoridades no quieren reconocer lo que contrataron sus antecesores y se rehúsan a pagar”.