Fuente: El Financiero/ Fernando Navarrete

La entrada en vigor a la reforma laboral, que prohíbe el outsourcing o subcontratación de las empresas que ofrecen servicios especializados, podría frenar la producción de obra y la recuperación del sector de la construcción, advirtió Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

“Vamos a cerrar con un incremento en producción con relación al año pasado del orden del 6 por ciento y estamos ya enfrentando un frenón por el tema de la reforma laboral, específicamente nos está afectando a la industria de la construcción no en sí por la reforma sino por la interpretación que se está dando”, aseguró.

Francisco Solares Alemán señaló que las más de 9 mil empresas constructoras que forman parte de la CMIC están de acuerdo con la regulación en materia de subcontratación, sin embargo, buscan que se aclare el esquema para industrias como la construcción que emplea servicios especializados externos, que no son responsabilidad del constructor.

“La interpretación que se está dando es que se hace outsourcing cuando los trabajadores de la empresa contratada trabajan en el centro de trabajo o en el domicilio de la empresa contratante y en nuestro caso pues es la obra, eso nos impone muchas obligaciones administrativas que realmente no tenemos”, agregó el presidente Nacional de la CMIC.

En ese sentido, señaló que la mayoría de los constructores no se han dado de alta ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) de la Secretaría de Trabajo, pues no se consideran a sí mismos como outsourcing para hacerlo.

“La mayoría de nuestras empresas afiliadas a Cámara no nos estamos dando de alta en el REPSE porque no hacemos outsourcing, y solamente se han dado de alta aquellas que se han visto obligadas a hacerlo porque las empresas contratantes del sector privado les están pidiendo que estén registradas para poderles pagar”, advirtió Solares Alemán.

El presidente nacional de la CMIC apuntó que buscarán conciliar con las autoridades laborales y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), alguna consideración respecto a esta interpretación sobre el outsourcing y determinar cuáles son las responsabilidades que deba cumplir una empresa al contratar a empresas de servicios especializados.

“El primero de septiembre entró en vigor para el sector privado y el primero de enero entrará en vigor para el sector público, eso nos puede detener un poco más de las expectativas que teníamos”, concluyó.