Fuente: Excélsior/ José de J. Guadarrama

Debido a que el gobierno federal cerró la llave del presupuesto desde el pasado 15 de agosto durante 2018 ejerció alrededor de 65% de los 625 mil millones de pesos que tenía disponibles para infraestructura, dejando licitaciones pendientes, fallos sin emitirse e, incluso, junto con algunos gobiernos estatales, deudas con empresas, constructoras informó Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

  • La industria de la construcción modificó su expectativa de crecimiento para este año y la ubicó en 1 por ciento.

De acuerdo con el dirigente, el área jurídica de esa representación industrial ha comenzado a echar mano de procesos legales para apoyar a sus afiliados en el cobro de adeudos, sobre todo en entidades en las que hubo cambio de gobierno como Veracruz y Sinaloa, de la misma forma que en dependencias federales.

“La Sedatu, por ejemplo, generó un programa en algunos estados de pavimentación y dejó unos adeudos argumentando falta de recursos. Entonces tenemos abogados que iniciarán procesos para defender los contratos”, dijo.

Precisó que la ventaja es que hay contratos que demuestran que se ejecutaron esas obras, pero el problema es que se hicieron con apoyos federales. Comentó que en este caso, los adeudos en alguñas entidades son de 100 millones de pesos y en otras de 50 millones de pesos, porque son obras chiquitas pero que perjudican a 30 empresas.

Comentó que otro problema es que muchas veces, por falta de trabajo, algunos constructores acceden realizar obras con los gobiernos estatales o municipales, pero si no hay documentación completa un nuevo gobierno no quiere responder.

“Esto se presenta cada que hay cambio de gobierno”.