Fuente: Revista Mexicana de la Construcción

En el ámbito de la Comisión Mixta CMIC-SCT hemos planteado una agenda para desarrollar conjuntamente, en la que abordaremos asuntos de la mayor trascendencia como la creación de un instituto autónomo de planeación y la simplificación de los procesos de licitación para contar con una administración simple, transparente.

En uno de sus más recientes videos, López Obrador contó que en broma le dijeron que el 1º de diciembre no va a asumir la presidencia, sino que va a dar su primer informe de gobierno. ¿Tan intenso está resultando el trabajo del gobierno entrante?
Definitivamente trabajamos para que a partir del 1º de diciembre ya estemos con licitaciones, proyectos y muchas acciones que suelen ponerse en marcha semanas o meses después de asumir un nuevo gobierno.

Tengo la impresión de que a muchos aún no les cae el veinte de que no se trata de un cambio regular de sexenio, sino de un cambio de régimen.
Lo que se pretende es generar una transformación profunda en varias áreas, sobre todo en el ámbito social: reducir la desigualdad tan grande que existe entre zonas del país. Por ejemplo, es inaceptable que aún haya cabeceras municipales que no estén comunicadas con una vía pavimentada, que es uno de los factores de su alta marginación; consecuentemente, uno de los programas prioritarios es integrar a estas cabeceras municipales con el resto del país a través de la pavimentación de sus caminos de acceso.

Héctor López Gutiérrez, virtual titular de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante en la SCT, me decía hace poco: “El principal desafío al que me enfrento –el mismo al que me he enfrentado toda la vida– es la cultura terrestre que existe en México.” Mencionó el propósito de llevar la relación del transporte carretero respecto al marítimo de 75-25% actual a un 60-40.
Héctor tiene toda la razón. Cuando se habla del transporte, se habla principalmente de la infraestructura carretera, lo cual es lógico dado el uso preponderante que mantiene el autotransporte respecto a otros modos: 95% de los pasajeros y 56% de la carga total se mueven por carretera. Es un objetivo deseable, aunque el cambio de las condiciones actuales habrá de llevar bastante tiempo. Los costos logísticos que enfrentan las empresas en México son mayores que los de otras economías emergentes como Brasil, India y Chile, y casi el triple de los de nuestro principal socio comercial. Resulta revelador que mientras los costos logísticos en Estados Unidos de América equivalen a 8.3% del PIB, en los países de la OCDE a 9% y en Chile a 16.7%, en México los costos logísticos representan el 22.7% del PIB.

¿Cuáles son los desafíos y las prioridades de la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, a su cargo a partir del 1º de diciembre?
Una de las tareas más importantes es la conservación y el mantenimiento de la infraestructura. La red carretera federal tiene 40,590 kilómetros, de los que por lo menos 22% está en mal estado, es decir, más de 8 mil kilómetros; por ello, esta es una de las prioridades.

Un tema que suele ser motivo de quejas de los usuarios es la señalización en las carreteras; las califican en unos casos de confusas; en otros, de insuficientes o inoportunas, por ejemplo cuando se avisa de una salida casi en la propia desviación, sin avisar unos kilómetros antes.
En 2017 se registró en las carreteras federales la ocurrencia de 11,873 accidentes. De éstos, solamente el 2.2% –según datos presentados por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT)– tienen que ver con causas atribuibles al camino; el resto está relacionado con el conductor o con el vehículo. Estos números, que son resultado de estudios documentados, reportan 261 accidentes por causas atribuibles al camino, un número verdaderamente bajo, aunque lo deseable es que no haya ni uno.

Ya tenemos objetivos concretos a cumplir en el menor tiempo posible; uno es reforzar el señalamiento vertical y horizontal en todas las carreteras con base en la normatividad actualizada al respecto.

Información periodística da cuenta de la necesidad de aumentar significativamente el presupuesto para conservación y mantenimiento de carreteras, pero por otro lado se dice que no habría los recursos suficientes. ¿En qué situación se está?
En este momento mantenemos conversaciones con los actuales y futuros servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; entiendo que para el 15 de diciembre ya habrá información precisa al respecto.

Existen distintos niveles de inquietud respecto a la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de infraestructura. ¿Cuál es el enfoque que predomina, en el ámbito específico de su incumbencia, en cuanto a la relación Estado-iniciativa privada?
Es un asunto que debe abordarse en dos partes. Hay un proyecto prioritario de pavimentación de las cabeceras municipales que lo necesiten; allí el enfoque es la utiliza-ción intensiva de mano de obra local. Se rescatarán programas de caminos rurales de hace algunos años en los que se usaba intensivamente la mano de obra de la localidad para arraigar a la población y para evitar que se viera obligada a migrar a la cabecera municipal, a la capital del estado, a otras entidades o a otro país.

Por otra parte, en diversos ámbitos de la obra pública se seguirán haciendo los contratos que la ley nos permite: licitaciones públicas nacionales, licitaciones públicas internacionales, concesiones y otras modalidades de asociaciones público-privadas cuando así se requiera, se justifique y se cumpla con todos los requisitos de las distintas instituciones del gobierno federal.

Una parte muy probablemente significativa de la población de las zonas rurales no tiene los conocimientos y capacidades requeridos para las tareas de reparación y mantenimiento de caminos y carreteras. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) tiene la posibilidad de dar capacitación técnica para estas actividades. ¿La SCT considera la participación de la CMIC?
Tenemos una relación estrecha con la CMIC. En el ámbito de la Comisión Mixta CMIC-SCT hemos planteado una agenda para desarrollar conjuntamente en la que estaremos abordando esta posibilidad, junto con otros asuntos de la mayor trascendencia como la creación de un instituto autónomo de planeación y la simplificación de los procesos de licitación, que es una de las tareas en las que ya se trabaja para contar con una administración simple, transparente, que también tiene como principio básico el combate a la corrupción.

Si se revisan las prácticas internacionales se confirma que la mayoría de los países centrales, que pregonan para otros el “libre mercado”, practica el proteccionismo en beneficio de sus empresas nacionales impidiendo o complicando la participación de empresas extranjeras con argucias de todo tipo, al tiempo que dan a sus empresas nacionales amplios beneficios para que participen en otros países. ¿Hay una disposición del gobierno que asume el 1º de diciembre para actuar en consecuencia, ofreciendo condiciones equitativas e incluyendo la preferencia para las empresas mexicanas, en este caso constructoras?
Seremos respetuosos de las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), las reglas de participación extranjera que los tratados comerciales suscritos por nuestro país establecen, y en general de todo lo que constituye el marco jurídico aplicable a la gestión y ejecución de los programas y proyectos de infraestructura.

No en pocas ocasiones, en el marco de la ley pero en condiciones de inequidad por los privilegios que les otorgan los gobiernos de su país de origen (exenciones impositivas, créditos blandos, cabildeo de sus embajadas), empresas extranjeras ganan licitaciones pero terminan contratando a empresas mexicanas, que son las que hacen las obras en condiciones muy desfavorables. ¿Hay decisión de generar condiciones de equidad?
La ley es muy clara: existe la posibilidad de que se agrupen empresas extranjeras con empresas mexicanas, que formen un consorcio mexicano con la estructura legal y accionaria que permite la ley, aprovechando lo mejor de las capacidades de cada empresa de tal suerte que puedan ser competitivas.


Promoviendo incluso la modificación de la legislación vigente, ¿considera posible y necesario dar ya no preferencia, pero sí condiciones de equidad con base en la reciprocidad respecto a los privilegios que mencioné?
El principio fundamental de los cambios que se impulsen siempre será la promoción de condiciones de equidad, piso parejo para todos, aunque no estoy seguro de que el tema de protección de las empresas nacionales se pueda abordar sólo desde la perspectiva de las dependencias ejecutoras de obra pública. Creo que eso debe analizarse en el contexto de los tratados comerciales internacionales que ha suscrito nuestro país y que indudablemente han de cumplirse.

Estando presente en una reunión en la CMIC donde participó usted junto con Javier Jiménez Espriú, Héctor López Gutiérrez y el resto del equipo de funcionarios de la SCT del gobierno entrante, escuché comentarios de delegados de la CMIC en distintos estados de la República preocupados por la necesidad de contar con delegados de esa secretaría capaces de cumplir a cabalidad su función.
Está considerado el fortalecimiento del nivel profesional y ético en todos los niveles de la SCT, particularmente en las posiciones de mayor responsabilidad; un caso es el de los delegados estatales, aunque la estructura de las delegaciones federales en efecto se sujetará a lo que se establece en la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En todas las áreas del desarrollo de infraestructura se menciona como punto crítico la falta de planeación adecuada y la escasa o nula inversión en los estudios preliminares y proyectos ejecutivos.
Tenemos muy clara y presente la necesidad de rescatar los niveles de inversión que se tenían en años anteriores, es decir, hace años había presupuestos anuales superiores a los 1,200 millones de pesos para estudios y proyectos, de ahí la relevancia de iniciativas como la que se ha venido perfilando en coordinación con la CMIC y el Colegio de Ingenieros Civiles de México respecto al Instituto Autónomo de Planeación de la Infraestructura, la cual por supuesto apoyamos.

¿Hace cuántos años?
Unos 12 años. En 2018, en especial en el ámbito de carreteras, solamente hubo 200 millones de pesos; estamos trabajando para revertir esta tendencia.
Lo más importante es que los sectores productivo y gremial, la sociedad y el gobierno nos organicemos y trabajemos coordinadamente para hacer realidad este ente autónomo de planeación que entre otras atribuciones tenga la de realizar proyectos con una prospectiva de mediano y largo plazo.

En casos concretos de la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, ha ocurrido que luego de un sustantivo análisis de las necesidades y prioridades se planifica y se presenta un programa de obras al Poder Legislativo, y éste termina modificando el programa con base en intereses político-electorales o compromisos de campaña. ¿Se puede hacer algo para evitarlo?
En reunión con los legisladores, el presidente electo de manera explícita les solicitó que apoyen la gestión de las diversas secretarías, entre ellas la SCT, obviamente, haciendo todas las observaciones que juzguen pertinentes, de manera sustantiva y oportuna, respetando el trabajo de planeación y modificando, en su caso, los programas de obra con base en acuerdos con los funcionarios.

Una inquietud de las empresas afiliadas a la CMIC es que en los procesos de licitación se tengan en cuenta las capacidades probadas de las empresas participantes.
Nos hemos comprometido a rescatar el registro único de contratistas, que está considerado en el artículo 74 bis de la LOPSRM; allí se establece que debe haber un registro único donde se tengan anotadas todas las características de cada empresa, pero donde destaque en especial la experiencia,
la capacidad y el grado de cumplimiento de los distintos contratos que haya tenido a lo largo de los últimos años. Es importante actualizar al menos una vez al año dicho registro. No tiene carácter de obligatorio, pero debe ser un auxiliar fundamental.

¿Este registro también se aplicará para el reclamo de muchas empresas locales que no son consideradas en su lugar de influencia?
Siempre nos remitiremos a actuar conforme a las leyes, sin hacer contrataciones discrecionales. Y sí, el registro se aplica en este caso también.

Entiendo el actuar con base en las leyes, pero en este caso, y en otros como el de la falta de equidad en la competencia con empresas extranjeras, ¿no debería considerarse modificar las leyes?
No lo hemos contemplado hasta este momento como un factor del marco legal que deba modificarse; sin embargo, el acuerdo con los legisladores es trabajar en la revisión y actualización de la Ley de Obra Pública, y seguramente deberá formar parte de las deliberaciones al respecto.


¿Allí están involucrados los empresarios?
Están y estarán involucrados no solamente los empresarios; también los legisladores, las autoridades, la sociedad organizada… quienes tengan que estar en esto, y será un proceso que iniciaremos el próximo año.

La CMIC cuenta con el Observatorio de la Industria de la Construcción, que representa los intereses de los industriales de la construcción a través del análisis de los procedimientos de contratación de obra pública y el seguimiento al presupuesto federal y estatal, con el propósito de contribuir al fomento del sector de la construcción.
¿La SCT lo tendrá en cuenta como un apoyo?
Existe la instrucción contundente de parte del presidente electo de combatir la corrupción. Todas las observaciones que nos puedan hacer para mejorar un determinado proceso o para señalarnos alguna irregularidad son bienvenidas.


A partir del 1º de diciembre, ¿cuál será la prioridad?
En primer término, la transparencia y el combate a la corrupción. Ese es un paradigma que va a permear todas nuestras actividades, y es en ese sentido que hemos comentado algunas de las acciones: simplificación, registro único, en fin, todo lo que nos permita dar transparencia a lo que estemos haciendo. En segundo término, combatir la desigualdad social que vive la mayoría de los mexicanos; de entrada, en el muy corto plazo, atenderemos a 188 comunidades rurales en el estado de Oaxaca y a otras tantas en estados como Guerrero, Chiapas, Durango y Chihuahua, las que no tienen comunicación con carretera pavimentada.
Nos enfocaremos también en la conservación de la infraestructura carretera: daremos prioridad a revertir el deterioro de la red y concluir obras en proceso que resulten útiles; hay algunas que vamos a recibir el 30 de noviembre
y evaluaremos en cada caso la conveniencia, la utilidad y los beneficios que puedan tener cada una de estas obras en proceso para terminarlas.

¿Algún comentario final?
La infraestructura es un factor básico para el desarrollo económico y social de las pequeñas comunidades, los estados, las regiones y el país en su conjunto. Para avanzar en la conservación, modernización y construcción de las carreteras y caminos que se requieren debemos poner todos nuestro mejor esfuerzo: gremios, sectores productivos, gobierno, sociedad civil, academia, todos, para lograr efectivamente un cambio en la próxima administración.

Entrevista de Daniel N. Moser

BALAZOS
En diversos ámbitos de la obra pública se seguirán haciendo los contratos que la ley nos permite: licitaciones públicas nacionales, licitaciones públicas internacionales, concesiones y otras modalidades de asociaciones público-privadas cuando así se requiera, se justifique y se cumpla con todos los requisitos de las distintas instituciones del gobierno federal.

Estimado lector, éste y otros artículos de interés los podrá encontrar en la Revista Mexicana de la Construcción No. 636 Noviembre-Diciembre 2018