Fuente: Revista Infraestructura/ Grupo Reforma.

El presidente de la CMIC precisa que es clave la planeación estratégica para el desarrollo de proyectos de infraestructura. “Lejos de criticar que una obra sea o no viable, técnica, financiera, ambiental o socialmente, lo que queremos es que el Gobierno haga una planeación estratégica para saber dónde invertir en infraestructura y sobre esa planeación ver qué es lo prioritario dentro de todo lo que quisiéramos que sucediera en México, y me refiero a todo tipo de infraestructura, porque luego pareciera que infraestructura nada más son carreteras, puertos o aeropuertos y es todo, infraestructura hidráulica, energética, hidrocarburos, vivienda y desarrollos urbanos, escuelas, hospitales, todo lo que involucra infraestructura. Desgraciadamente la planeación está sujeta a una ley de Planeación que solamente establece periodos para los cuales elegimos a los gobernantes”.

En su opinión, grandes proyectos como el Tren Maya, el Transísmico o Dos Bocas requieren que se analice su viabilidad técnica, financiera, ecológica y social. “Ayudemos al Gobierno para que los recursos públicos o de participación privada o APPs nos den la oportunidad de ser un país próspero con un criterio de crecimiento armónico, no es solamente el norte, el centro o el sur, somos todos los mexicanos, carecemos de mejores servicios, de todo tipo, y la infraestructura es uno de ellos. Todos estos grandes proyectos tendrán que pasar por este tipo de revisiones, inclusive el aeropuerto de Santa Lucía, con todo esto que ha sucedido de los amparos, son derechos de los mexicanos, derechos de ver que nos vaya mejor a través de que se haga una revisión, de que se cumplan los pasos de la legalidad”.

En este contexto, enfatiza que la CMIC no coincide con la iniciativa de construir el aeropuerto de Santa Lucía a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). “Porque inhibe el desarrollo de las empresas mexicanas y creemos que no es la actividad a la que pueda dedicarse la SEDENA en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, que ahora tiene problemas de litigios y amparos. Creo que el presidente debe reconsiderar la posibilidad de que participen las empresas mexicanas de todos tamaños, tienen la capacidad para hacerlo”.

Asimismo, subraya la relevancia de que el Gobierno de México conserve el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). “Nos hemos enterado que el presidente de la República quiere implementar un programa que contempla que maestros y padres de familia mantengan, amplíen y construyan las más de 200,000 escuelas públicas que existen en el país, entre primarias, secundarias, jardines de niños, CBTls, Conaleps, todo esto que construyó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) y que generó una serie de especificaciones y normatividad rigida pero alineada en todo el país aunque el cálculo de las estructuras de los edificios educativos solo cambia de acuerdo con el nivel de sismicidad, pero todos ellos han servido como refugios o albergues cuando hay desastres naturales, esas escuelas están de pie. Hubo daños en las escuelas que no se construyeron bajo la normatividad que el CAPFCE impulsó desde los años 40 y que a finales de los años 90 se transformó en regulador y después en el INIFED. En la Cámara, en todo el país, tenemos más de 2,000 empresas que se han especializado en este tipo de obra, no solo en construcción, también en mantenimiento. Nos preocupa porque se pone en riesgo a los espacios educativos que deben dar seguridad a nuestros hijos estudiantes y garantizar la calidad en infraestructura a las futuras generaciones. Revisen qué ha sucedido con las escuelas en Oaxaca, Chiapas o Morelos que no se han construido bajo esta normatividad, sufrieron una serie de daños, las tuvieron que demoler, en cambio, Las que se construyeron bajo el Régimen de Construcción y Normatividad del CAPFCE, y ahora del INIFED, ninguna sufrió daños estructurales”.

Respecto al programa de ‘Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales’, que abarcará 5,500 kilómetros los primeros tres años de Gobierno con una inversión de 14,200 millones de pesos y serán los propios habitantes de las comunidades quienes lleven a cabo las obras, Ramírez leal destaca que los egresados de universidades públicas y privadas podrían ejecutar el proyecto.

“En carreteras el presidente ha decidido que en Oaxaca los caminos los ejecuten las mismas comunidades. Es importante señalar que ingenieros de todas las áreas y arquitectos somos los constructores del país y sabemos que aun ejecutando las obras con la capacitación, con los equipos y con los materiales adecuados se generan fallas, imagínense con personal que no tiene la capacitación, que no tiene la supervisión, que no existe la formalidad de una fianza de vicios ocultos y, lo peor del caso, romper con la cadena de consumo y producción porque si no es un empleo formal no está registrado en el IMSS y no paga INFONAVIT, por lo que deja de tener recursos para seguir incrementando la oportunidad de dar vivienda. Qué bueno que el presidente está visualizando la necesidad de generar empleo en todas las áreas pero hay que tratar de hacerlo formal, ese es nuestro punto de vista”, concluye el presidente de la CMIC.