Fuente: El Heraldo de México/ Fausto Barajas

La toma de decisiones sobre los grandes proyectos de infraestructura, o “megaproyectos”, ha evolucionado con los procesos democráticos de los países. Se ha pasado de la toma de decisiones unipersonales —frecuentemente megalomaníacas, como en dictaduras— a toma de decisiones institucionales. En democracia, se demanda un mayor análisis de proyectos, atendiendo preocupaciones sobre la rentabilidad socioeconómica, transparencia, sustentabilidad ambiental, la licencia social de los pobladores afectados y el desarrollo económico nacional.

  • Las decisiones del nuevo gobierno ya comienzan a traducirse en costos para las finanzas privadas

Hoy, el desarrollo de proyectos es una verdadera ciencia que en su visión atiende cinco grandes etapas secuenciales: planeación, evaluación y diseño, programación y presupuestación, ejecución de obra y operación.

En las dos primeras etapas de preparación del proyecto se busca determinar su factibilidad y viabilidad, base sobre la cual se tiene que sustentar la decisión de darle luz verde o detenerlo. Omitir estas etapas pone en riesgo la ejecución de la obra, aumenta la probabilidad de sobrecostos y, en general, pueden disminuir el beneficio neto. Para evitar estos riesgos se tiene que hacer una planeación. En el caso mexicano, la planeación debe derivar del Plan Nacional de Desarrollo, como lo establece el artículo 5 de la Ley de Planeación. Los proyectos además se tienen que alinear a los programas especiales, como el Programa Nacional de Infraestructura.

Como parte de la preparación de carreteras y otros tipos de proyectos de infraestructura, se tiene que hacer el análisis y pronóstico de oferta y demanda, análisis de alternativas, integración de cartera de proyectos, evaluación de prefactibilidad socioeconómica, evaluación financiera y determinación de modelo de financiamiento.

Una vez hecho esto, se detalla el estudio de prefactibilidad, y en caso de tener una rentabilidad positiva, se elabora el anteproyecto, se trabaja en el proyecto ejecutivo y el proyecto de liberación de derecho de vía e impacto ambiental, se integra el Análisis Costo-Beneficio y se obtiene —en caso de que la haya— su factibilidad técnica, económica, ambiental y legal del proyecto. Con esto, se tramita ante la Secretaría de Hacienda la clave registro en la carretera de proyectos del gobierno federal.

De la mano de lo anterior se trabaja en dar a conocer el proyecto con las comunidades afectadas o beneficiadas y se realizan las consultas previas, especialmente las relacionadas con el ámbito indígena que establece el artículo 20 Bis de la Ley de Planeación con el objetivo de que estas comunidades emitan una opinión. Todo este proceso de preparación es anterior a una licitación de cualquier obra o megaproyecto. Pero, el gobierno electo pretende sustituir este proceso con una consulta pública.

Virar hacia la toma de decisiones de esta forma sin el trabajo de la preparación de proyectos es un retroceso institucional y tiene un costo. Las decisiones del nuevo gobierno ya comienzan a traducirse en costos para las finanzas privadas, como en el caso de los mexicanos que cuentan con afores impactadas por la cancelación del aeropuerto de Texcoco; y en las finanzas públicas, que sólo por el deterioro del tipo de cambio tuvieron un impacto de 500 mil mdp por el alza de la deuda externa en moneda nacional. De continuar el retroceso institucional, se ve más cerca el escenario de que México vaya en contrasentido del mundo y pase de la planeación para el desarrollo a la megalomanía encarnada en decisiones unipersonales y disfrazadas de democracia participativa.