La infraestructura es clave

El éxito de las Zonas Económicas Especiales planeadas por el Gobierno federal en Oaxaca, Michoacán y Chiapas dependerá de que cuenten con la infraestructura de transporte adecuada.

Fuente: Reforma/ Alan Miranda

Así lo aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal encargada de su desarrollo.

Cuando el Banco de Obras y Servicios Públicos (Banobras) estuvo al frente de la estrategia para la creación de estos recintos en Lázaro Cárdenas, la región del Istmo de Tehuantepec y Puerto Chiapas, su director general, Abraham Zamora, dejó en claro que estos lugares habían sido seleccionados no sólo debido a que grandes proporciones de su población enfrentaban falta de empleo y altos índices de marginación, sino porque contaban con infraestructura que podría ser aprovechada por empresas para establecerse y crear empleos.

El de Lázaro Cárdenas es el segundo puerto comercial más importante del País y también ocupa uno de los primeros lugares en el movimiento de contenedores y graneles minerales, además de contar con varias autopistas y una línea ferroviaria que lo conecta con el resto del País y la frontera con los estadounidenses.

El Istmo de Tehuantepec también cuenta con los puertos de Salina Cruz, en el Pacífico, y Coatzacoalcos, en el Golfo de México, además de varias autopistas y vías de ferrocarril

En tanto, Puerto Chiapas es el punto que comunica a su Estado con el transporte marítimo.

Pero esta infraestructura por sí misma no es suficiente para soportar el crecimiento esperado, y por ello, el Gobierno federal planea invertir 87 mil millones de pesos para la creación de 81 proyectos, de los cuales 73 están enfocados al transporte y logística.

Durante este año, se destinaron aproximadamente 3 mil millones de pesos para la construcción de más proyectos.

Gutiérrez Candiani adelantó que para el próximo año, se destinarán aproximadamente 5 mil millones de pesos adicionales para continuar con esas tareas.

De éstos, alrededor de mil 500 millones de pesos corresponden a proyectos a cargo de las Administraciones Portuarias Integrales de los puertos involucrados y 2 mil millones de pesos provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación y el resto, de proyectos que ya están en marcha, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Pero el propio funcionario y ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) admitió que, para completar estos proyectos, será necesario superar dos grandes retos.

El primero es la liberación del derecho de vía, especialmente para la construcción de carreteras y autopistas, ya que un solo propietario que no esté dispuesto a vender puede afectar todo el trazo.

Éste es un problema para otros proyectos de infraestructura que están en marcha actualmente, como la autopista Atizapán-Atlacomulco, en el Estado de México, que debería estar próxima a terminarse, pero apenas en septiembre registraba una vance físico de 1 por ciento.

“El derecho de vía va a ser un tema, pero ahí vamos a trabajar con los tres niveles de Gobierno”, dijo Gutiérrez Candiani.

El otro gran reto es la obligación de realizar una consulta entre los pueblos originarios de las zonas en las que se construirán los proyectos.

“Hay estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Chiapas que nos obligan a la consulta previa. Entonces, estamos trabajando, estamos teniendo acuerdos con los gobiernos para que ellos hagan lo que les corresponda y nosotros seamos facilitadores y acompañarlos en esos procesos”, agregó el funcionario.

De acuerdo con la asociación Proyecto de Derechos Económicos y Sociales, México está obligado a llevar a cabo estas consultas, debido a que firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones en otros proyectos en el País han derivado en pleitos legales que logran detener las obras y parar inversiones importantes.

Tal fue el caso de la Autopista San Miguel de Allende-Guanajuato, que pasaba cerca de un centro ceremonial otomí. Primero, el concurso se suspendió para que el trazo fuese replanteado, pero eventualmente, el proyecto completo se canceló.

Otro caso fue el Aeropuerto de Creel, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, que afectó las tierras de un grupo rarámuri, quienes lograron suspenderlo por varios meses.

Algo parecido ocurrió con el Acueducto Independencia, en Sonora, diseñado para llevar agua potable a Hermosillo, el cual también fue obstaculizado, a pesar de estar prácticamente listo, debido a la ausencia de una consulta previa.

2016-11-14T12:51:57+00:00 noviembre 14th, 2016|Comunicaciones y Transportes|