Fuente: La Jornada/ Roberto Garduño / Enrique Méndez

  • Se han hecho 47 mil acciones por ese programa

El secretario de Desarrollo Agrario, Román Meyer Falcón, afirmó que el actuar de la administración pasada fue deficiente en materia de reconstrucción, tras los sismos que cimbraron al país en 2017.

En su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, señaló que muchas personas beneficiadas con tarjetas del desaparecido Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para reconstruir sus viviendas, no recibieron los fondos completos o simplemente éstos no llegaron.

Informó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atiende rezagos de administraciones anteriores para la reconstrucción de vivienda y dijo que al concluir este año se habrá ejercido el ciento por ciento de recursos destinados a ese fin.

Durante 2019, indicó, se destinaron poco más de 37 mil acciones del programa de reconstrucción; de éstos, 9 mil 725 han sido para Chiapas, mil 880 en el estado de México, mil 132 en Guerrero, 4 mil 218 en Morelos, 12 mil 809 en Oaxaca y 7 mil 276 en Puebla.

Legisladores de Chiapas señalaron que se requiere una estrategia para resarcir el déficit de vivienda en la entidad debido a que la demanda se incrementó por los sismos de 2017.

A pregunta de Zulma Espinoza, del PVEM, sobre la venta de terrenos irregulares en Yucatán, así como del despojo de la propiedad social en ejidos y comunidades, el funcionario informó que en coordinación con la Procuraduría Agraria, la Sedatu aplicó un programa regional emergente en la península.

Se han otorgado asesorías en juicios de restitución de tierras, así como la aplicación de nuevos criterios para la enajenación y avalúos de terrenos nacionales.

En la península se está fortaleciendo la gobernanza interna de los ejidos, llevamos asesoría legal a ejidatarios y comuneros y en octubre se detuvo un proceso de despojo al ejido en Ixil, Yucatán, refirió.

Meyer Falcón informó que se revisa una política nacional de suelo para que prevea cómo atender la presión por la demanda y citó que 90 mil familias acceden a terrenos o suelos irregulares.