Eficiencia y eficacia del presupuesto a ejercer

Fuente: Revista Mexicana de la Construcción

Los diferentes sectores y actores de la sociedad debemos analizar y determinar el rumbo que deseamos para el país, con base en las cualidades y potencialidades que tenemos como nación y la vocación económica y social; visualizar, sin limitarnos al estatus actual, lo que podemos desarrollar y cómo evolucionar para alcanzar un crecimiento económico alto, balanceado, sostenido, compartido y sustentable.
Una vez definido el objetivo, siguen el diseño de estrategias para lograrlo, los plazos de ejecución y la obtención y medición de resultados.

No planear es planificar el fracaso.
Alan Lakein

La aventura es sólo una mala planificación.
Roald Amundsen

México cuenta con importantes fortalezas, entre las que destacan una ubicación geográfica estratégica, ricos recursos naturales, un atractivo bono demográfico y una economía diversificada y altamente integrada a los mercados globales. Sin embargo, nuestro país también enfrenta serios retos, como inseguridad, corrupción, impunidad, lento crecimiento económico, desigualdad y pobreza.
Para aprovechar las fortalezas y superar los retos, es necesario construir una visión compartida del país que queremos (véase figura 1).

Visión 2030
La infraestructura de un país es factor fundamental en el desarrollo económico y social, toda vez que potencia la eficiencia de la actividad económica, provee elementos de bienestar y desarrollo social, facilita el funcionamiento eficaz de los mercados y apoya el crecimiento equilibrado de sus distintas regiones a través de la vinculación de la actividad económica y comercial, así como de la conectividad.

Por lo anterior, la planeación es esencial para la identificación de proyectos que respondan eficazmente a las necesidades y su priorización para atender lo más apremiante; para distinguir las fuentes de financiamiento y garantizar la continuidad y la programación adecuada para el cumplimiento en términos de calidad, tiempo y costo, así como el proceso de evaluación de la obra en su funcionamiento, a través de indicadores de desempeño contemplados en un inicio.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción propone que se cree un Instituto Autónomo de Planeación de Infraestructura a Largo Plazo (IAPI), el cual, para tener un carácter vinculante, debe considerase en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación, que tiene por objeto establecer “las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal”.

Esa ley añade en su artículo 2°: “La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

En el artículo 3° se menciona: “Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.”

Más adelante, el artículo 21 establece: “La vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional del Presidente de la República. Sin perjuicio de lo anterior, deberá contener consideraciones y proyecciones de por lo menos veinte años, para lo cual tomará en consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan conforme a los tratados internacionales y las leyes federales.” Y el artículo 21 bis complementa: “La política nacional de fomento económico de largo plazo podrá ajustarse durante el proceso de emisión del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo de gobierno correspondiente; manteniendo en todo momento el horizonte de hasta veinte años para la política nacional de fomento económico.”

Lo anterior hace relevante un instituto autónomo y de vinculación al más alto nivel (tres niveles de gobierno y sector empresarial), que prevalezca al paso de las administraciones sexenales y tenga como objetivos:

  • Identificar la visión país de largo plazo y las necesidades de la población con enfoque social, integral y productivo para generar la planeación de infraestructura, desarrollo urbano y vivienda (Plan Nacional de Desarrollo y Programa Nacional de Infraestructura).
  • Involucrar al sector privado en los proyectos de infraestructura para detonar mayores inversiones (modalidades de asociación público-privada o APP y otras).
  • Involucrar al sector financiero y la cadena de valor.
  • Ser instancia para la definición de proyectos de infraestructura prioritarios y estratégicos, con integralidad sectorial.
  • Estructurar y priorizar un banco de proyectos estratégicos, que trascienda a las coyunturas políticas y económicas.
  • Desarrollar proyectos ejecutivos técnica, social, ecológica y económicamente viables.
  • Evaluar los proyectos considerando los factores críticos como presupuesto, plazos e indicadores de desempeño.

Este instituto debe vincular a los diferentes actores relacionados con la creación de infraestructura, al gobierno en los tres niveles, empresas, academia y sector social (véase figura 2). De esta forma se logra el involucramiento, propuestas enriquecidas y compromiso por los acuerdos y definiciones.

El instituto debe conformarse por especialistas y profesionales de la materia; en su estructura debe haber una junta de gobierno y un comité técnico con carácter honorario que represente las diferentes vertientes y tenga pluralidad: gobierno, sector empresarial, academia y sector social.

Para configurar la estructuración de proyectos de infraestructura de corto plazo, con carácter prioritario y estratégicos, es necesario contar con áreas clave para ello como son las de enlace institucional, estructuración y priorización de proyectos, financiamiento y APP, marco regulatorio, y evaluación de costo, plazo y calidad (indicadores de desempeño). En la figura 3 se observa la estructura propuesta para el instituto.

Para no afectar el presupuesto público, se tiene una propuesta para el fondeo de la operación del IAPI a través de la aportación del 5 al millar sobre la obra pública de las empresas constructoras formales; podría iniciarse con un monto de 3,127 millones de pesos, que se incrementaría en la medida en que la próxima administración materialice sus metas de aumentar el nivel de inversión pública hasta llegar a 5% del PIB (actualmente es 2.5%).

Finalmente, se propone reestablecer la figura de Consejo Nacional de Infraestructura (CNI), como una comisión intersecretarial de carácter permanente del gobierno federal para coordinar, orientar, promover, dar seguimiento y fomentar las estrategias y acciones entre los sectores público y privado para el desarrollo integral de la infraestructura necesaria para el país. Esta instancia sería la encargada de ejecutar lo que se haya definido y estructurado en el IAPI.

En razón de ello, el instituto y el CNI tendrían una vinculación permanente a través de reuniones periódicas en el más alto nivel, de definición y directrices para la ejecución de infraestructura

Referencias
CMIC (2018). Infraestructura sostenible 2030. Política pública de infraestructura para el crecimiento y el bienestar. Una propuesta del sector privado. Marzo. Disponible en: http://www.cmic.org.mx/29congreso/ponencias/assets/infraestructura_2030_completo.pdf

Estimado lector, éste y otros artículos de interés los podrá encontrar en la Revista Mexicana de la Construcción No. 636 Noviembre-Diciembre 2018

2019-01-07T17:38:09+00:00diciembre 1st, 2018|Revista Mexicana de la Construcción|