Nuestro país enfrenta actualmente un nuevo paradigma en la construcción de infraestructura.

El Presidente Calderón ha presentado el mayor presupuesto para inversión en infraestructura del que tengamos memoria, tan sólo la inversión presupuestaria asciende a 353 mil 775 millones de pesos.

En este entorno inédito, el papel del marco normativo, se vuelve preponderante para alcanzar las ambiciosas metas establecidas en el Programa Nacional de Infraestructura.

Consideramos, que cada una de las dependencias federales en lo particular, está cumpliendo cabalmente con sus metas, objetivos e indicadores de éxito, sin embargo, al presentarse la interacción entre ellas, la situación parece complicarse.

De esta manera, la principal área de oportunidad para la realización de los proyectos de infraestructura, es la coordinación interinstitucional de las dependencias federales, lo que permitiría sortear de mejor manera las limitaciones regulatorias existentes.

Al mismo tiempo, la interpretación del marco normativo impide en muchos casos que las dependencias logren ejecutar eficientemente los presupuestos que les han sido asignados.

De acuerdo a estimaciones realizadas por nuestra Cámara, durante el primer trimestre del año, sólo se lograron ejercer del presupuesto establecido en el Programa Nacional de Infraestructura, en términos de valor de producción, alrededor de 10 mil millones de pesos.

A este primer trimestre del año, si el ejercicio fuera lineal, le correspondería un 25 por ciento de presupuesto total anual, es decir, 88 mil millones de pesos, de los cuales, la Secretaría de Hacienda asignó o suministró a las dependencias alrededor de 59 mil millones de pesos y estas a su vez, comprometieron o contrataron proyectos por 51 mil millones de pesos.

Sin embargo, el dato relevante de nuestra estimación, se refiere a la cantidad realmente pagada a las empresas que realizan estos proyectos, o visto de otra forma, a cuanto ascendió la obra realmente ejecutada.

Esta situación refleja un claro ejemplo de la dificultad con la que se ejerce actualmente el presupuesto para la construcción de obra pública, en donde la misma nomenclatura utilizada puede hacer que nos perdamos en un mar de información.

De esta manera, desde nuestro punto de vista, durante el primer trimestre del año se presentó un subejercicio de 88.7 por ciento, ocasionado principalmente por la sobrerregulación y la falta de coordinación interinstitucional.

Los ejemplos de esta problemática son diversos, pero podemos mencionar a manera de autocrítica los siguientes:

Desde la perspectiva de la SEMARNAT, que es la dependencia facultada para hacer cambios de uso de suelo en suelo forestal: los permisos de usos de suelo para la construcción de carreteras es realmente un proceso complejo, pues para ello se solicita tener escriturado el total de los lotes por donde pasará la vía en cuestión.

En cuanto a la Reforma Agraria: hace años el gobierno mexicano repartió la tierra a los ejidatarios con el fin de que estos la trabajaran y hoy que el Estado requiere recuperar derechos de vía para la construcción de infraestructura el proceso que tiene que seguir es realmente largo y tortuoso.

Si analizamos el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez aprobado el presupuesto de egresos de la federación, todavía se requiere hacer un trámite para obtener un oficio que autorice la liberación de la inversión; este proceso burocrático requiere la liberación total del derecho de vía.

Desde el rol de la Secretaría de la Función Pública: se presenta un proceso inhibidor, en cumplimiento de la ley, pues vigila que no se liberen las licitaciones si no se tiene presentado todo el proyecto ejecutivo, y este a su vez depende del trazo de la vía, que está íntimamente ligado a los cambios de uso de suelo que administra la SEMARNAT creándose un círculo vicioso interinstitucional.

Adicionalmente y para ser congruentes, debemos aceptar como sector que algunos proyectos también pueden detenerse por las inconformidades que presentamos las empresas aprovechando huecos en la normatividad vigente, lo que también produce importantes rezagos en su ejecución.

Los puntos anteriores, se constituyen como algunos de los principales obstáculos que limitan la gran oportunidad que representa el Programa Nacional de Infraestructura, para nuestro país y para nuestras empresas.

En nuestra opinión, el marco normativo debe servir como un elemento promotor y acelerador de la obra pública, que favorezca condiciones de certidumbre y certeza jurídica, para las empresas, las dependencias y los funcionarios que participan en ella.

La normatividad debe estar orientada a la obtención de resultados, y no sólo mantenerse como un grupo de reglas dedicadas a fiscalizar procesos.

Entendemos que una de las principales preocupaciones de la regulación es lograr las mejores condiciones de compra para el gobierno mexicano.

Sin embargo, consideramos que el gobierno federal no puede desaprovechar la oportunidad que brinda la ejecución de un presupuesto con la magnitud del actual, para privilegiar el fortalecimiento de las empresas mexicanas, como una estrategia de largo plazo.

Por esta razón, la normatividad debe también promover la activa y constante participación de las empresas constructoras nacionales. Los constructores mexicanos estamos capacitados y calificados para construir nuestra propia infraestructura.

En este sentido, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se ha hecho el firme propósito de emprender acciones que permitan que la mayoría de los proyectos sean ejecutados por empresas nacionales.

Si al término del presente sexenio, el 90 por ciento de la inversión se queda en empresas mexicanas, el país contará con una planta productiva más fuerte financiera y técnicamente. México será un país de constructores líderes con la capacidad de competir y ejecutar proyectos en otras regiones del mundo.

Aquí, me interesa destacar que no se trata de un punto de vista de proteccionismo nacionalista, por el contrario, hablo de la necesidad de que nuestras empresas se conviertan en empresas globales; sólo así, lograremos que en el año 2012, tengamos por lo menos quince empresas mexicanas preparadas para competir en el mercado internacional.

Respecto esta propuesta, no inventemos el hilo negro. Sólo basta observar los resultados que obtuvieron los españoles gracias a una política de fortalecimiento a sus empresas en los años 80’s durante una coyuntura similar a la que hoy vivimos en México.

Señoras y señores:

El mensaje del presidente de la República, Felipe Calderón, es claro: no hay pretextos para no invertir en infraestructura.

Por esta razón, la realización de este Primer Foro Internacional de Control de Obra pública, organizado por la Secretaría de la Función Pública, pone de manifiesto las coincidencias del sector público y la iniciativa privada sobre la urgente necesidad de poner “manos a la obra”.

Es tiempo de renovar y fortalecer las acciones que hagan más ágil y eficiente el ejercicio del presupuesto para la realización de proyectos de obra pública.

Este es el momento para motivar a los jugadores del sector público y privado a privilegiar los procesos conciliatorios sobre los litigios legales; a sortear los obstáculos normativos con soluciones creativas en pro de lograr resultados tangibles en el corto plazo, y analizar y hacer evolucionar nuestro marco normativo para cumplir con los objetivos e mediano y largo plazo. Todo esto para lograr el desarrollo de la infraestructura que la población mexicana demanda.

Muchas gracias.