El valor de la construcción en México durante el 2004 fue de alrededor de 800 mil millones de pesos. De este monto, la empresa constructora con más participación en el mercado no llega  al 3%.  Además, la población de empresas constructoras mexicanas, en un gran porcentaje (90-95%) tiene ventas anuales de menos de 100 millones de pesos.  Esto equivale a una participación en el mercado ligeramente por arriba del 0.01% en promedio.  Podríamos concluir que la planta productiva del sector de la construcción se compone en gran medida por empresas pequeñas y micros. 

Por otro lado, el consumidor de construcción, administración pública o inversionista privado, requiere tener la seguridad del buen destino de su inversión; y exige al constructor mecanismos que la garanticen.  Tradicionalmente, estos mecanismos o instrumentos han sido las fianzas.   Las fianzas más utilizadas en el sector son: para garantizar el buen uso del anticipo, para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales, y para garantizar la reparación o corrección de vicios ocultos en una obra.  Estas fianzas se fijan típicamente en montos equivalentes al 30%, 10% y 10% respectivamente del monto contratado.  En términos muy simples, la compañía afianzadora, le dice al dueño de la obra: “si el constructor no te cumple, yo me hago responsable”.   

Bien, pues en el pasado reciente, las compañías afianzadoras respondían por las empresas constructoras sin revisar a fondo la solvencia de estas.  Esto permitía que una constructora pudiera contar con las garantías para el cliente, sin ser lo suficientemente solvente.   Entonces, el riesgo quedaba en manos de las afianzadoras; y cuando las cosas salían mal, la afianzadora tenía que pagar los platos rotos.  Cuando esta situación se hizo insostenible,  fue cuando “la burra se hizo arisca”.   Después de la quiebra de muchos de los jugadores del sector afianzador, se implementó una serie de reglas nuevas que ahora obligan a las afianzadoras a garantizar la solvencia del afianzado, para reducir así el riesgo ante el beneficiario.  Hasta aquí, pareciera que las resoluciones serían positivas para todos, ya que las afianzadoras jugarían con menos riesgo, y las empresas constructoras serias y solventes contarían con una barrera de entrada a potenciales competidores desleales o de menos seriedad.   

El problema que teníamos se acaba ahí, sin embargo, nace un nuevo problema.  La mayoría de los oferentes   del servicio de construcción, la población de empresas que mencionaba al principio,  que ya había desarrollado una capacidad de venta, administración y producción de un tamaño x, ahora se ven limitados por su capacidad de afianzamiento. Simplemente dejan de tener acceso a estos instrumentos de un día para otro, y se quedan “fuera de la competencia”.  Podríamos pensar que esto es positivo para la industria, si las empresas “sobrevivientes” pudieran satisfacer la demanda de construcción por si mismas, hasta pudiéramos pensar que ahora tendrían mas participación en el mercado. Sin embargo, estaríamos equivocados.

La demanda se compone por una parte de consumidores que requieren que el servicio sea proveído por empresas grandes y solventes, pero por otra parte, mucho mayor en tamaño, de consumidores que requieren la proveeduría de micro-empresas especializadas y de alcance local.  Entre estos consumidores se encuentran las administraciones públicas municipales (mas de 2,500 en el país), las administraciones estatales y los inversionistas privados, que buscan sobre todo un ingrediente adicional,  el trato personalizado de su proveedor. 

Ante esta situación, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, por encargo de su presidente, el Ing. Netzahualcóyotl Salvatierra, ha buscado estar en contacto intensivo y diálogo permanente, con las empresas afianzadoras y con la autoridad correspondiente, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para buscar conjuntamente la solución a este problema.   Cabe señalar que en la encuesta nacional realizada por la CMIC a las empresas constructoras mexicanas durante enero y febrero de este año, el problema más importante y más recurrente por su incidencia en las menciones, fue precisamente la nueva y disminuida capacidad de afianzamiento.  

Ciertamente los empresarios constructores tenemos un nuevo y grave problema, pero  nada que no podamos solucionar con diálogo y sentido de nacionalismo, por el bien de nuestras empresas y de nuestro país. 

Ing. Humberto Armenta González
Vicepresidente del Sector Financiamiento
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción