El crecimiento de la economía nacional en el 2003 fue menor al registrado durante el 2002, primordialmente por el efecto negativo que tuvo sobre la producción industrial la falta de dinamismo en la actividad manufacturera estadounidense y a la disminución de nuestras exportaciones en ese país. Asimismo, la incertidumbre originada por el conflicto armado en Medio Oriente provocó la volatilidad de los mercados internacionales de capital, elevó el precio de los hidrocarburos a niveles no observados desde 1990 y causó una mayor desconfianza de consumidores e inversionistas. 

Los elementos mencionados causaron un mayor debilitamiento del sector manufacturero en México, con la consecuente reducción del empleo y contracción de la inversión en maquinaria y equipo. Esta situación fue parcialmente compensada por el dinamismo que prevaleció en las actividades económicas relacionadas con el mercado interno, como la construcción. 

Por lo anterior, el principal reto de la economía mexicana durante el 2004 será propiciar una recuperación significativa del crecimiento económico y del empleo formal. Asimismo, se deberán establecer las bases para recuperar la competitividad de la industria nacional en un contexto en el que varios países se están abriendo al comercio internacional y están implementando reformas importantes. Por ello, la política económica en el 2004 tiene dos directrices fundamentales: 

Generar los consensos necesarios para avanzar en el proceso de reformas estructurales.

Consolidar la estabilidad macroeconómica e incentivar la reactivación del gasto privado en inversión.

 Reformas estructurales. 

Las reformas estructurales tienen como objetivo promover la competitividad de la industria nacional, mejorar las oportunidades de desarrollo de la población, ampliar la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales básicas y establecer las bases de un crecimiento elevado y duradero. En particular, cabe destacar las siguientes: 

Reforma Fiscal: Debido a que no se pueden sustentar las finanzas públicas en los ingresos no recurrentes y los excedentes petroleros, y a que existe una baja recaudación, es necesaria una reforma fiscal que consolide la solvencia del Estado, contribuya al aumento del gasto en los renglones prioritarios y estimule la inversión. 

Reforma Eléctrica: El servicio público de energía eléctrica deberá seguir siendo prestado por el Estado, garantizando con ello la atención de las necesidades básicas de la población. Sin embargo, es necesario la participación de los capitales social y privado para tener una mayor competencia y liberar recursos públicos para atender las necesidades sociales e impulsar el desarrollo económico. 

La reforma estimulará la competitividad de la industria nacional al mejorar las condiciones y el costo del suministro de energía eléctrica, de esta manera se fomentará el crecimiento económico y la creación de empleo. De lo contrario , el sector eléctrico enfrentará severos problemas para reducir los costos de provisión del servicio, satisfacer una demanda que crece a tasas elevadas, modernizar la infraestructura actual e incentivar el uso eficiente de los recursos naturales. 

Reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con un déficit de caja que absorbe importantes recursos presupuestales cada año. Esto quiere decir que el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado no es autosuficiente y, por lo tanto, tiene que ser subsidiado por los contribuyentes. El número de cotizantes por pensionado cayó de 20 en 1975, a poco más de 5 en el 2000. Por estas razones se necesita instrumentar una reforma que persiga los siguientes objetivos: 

Establecer una base financiera sólida, que asegure el buen funcionamiento del sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

Emprender el camino hacia un sistema nacional de seguridad social que garantice al trabajador los servicios y derechos de la seguridad social.

Fortalecer el ahorro interno, especialmente el de largo plazo, mediante el cual la seguridad social contribuirá al crecimiento económico y al bienestar del país. 

Consolidación de la estabilidad macroeconómica.

 La política económica para el 2004 está orientada a propiciar un entorno macroeconómico que incentive y brinde certidumbre a las decisiones de los inversionistas, mediante la prudencia y disciplina en el manejo de las finanzas públicas. Para impulsar la recuperación del empleo formal se propone una reasignación del gasto público con el fin de privilegiar la puesta en marcha de diversos proyectos productivos con un fuerte impacto en la contratación de trabajadores. 

Sin embargo, los alcances de la política fiscal para promover la reactivación de la economía se ven limitadas por la fragilidad de las finanzas públicas. En este contexto de vulnerabilidad fiscal, la mejor contribución que puede realizar la autoridad para reestablecer el dinamismo de la economía, es consolidar la tendencia hacia la reducción del déficit público, incrementar la eficiencia del régimen tributario y reasignar el gasto hacia los rubros prioritarios. 

Política fiscal: Para 2004 se presenta una meta de 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el déficit público. Los recursos de naturaleza no recurrente y petroleros continuarán jugando un papel importante en el financiamiento del gasto público. Debido a la incertidumbre asociada a estas fuentes de ingresos, en caso de que la evolución de los ingresos públicos sea distinta a la prevista, el gasto tendrá que ajustarse dando prioridad a áreas estratégicas para el desarrollo nacional como son educación, salud, igualdad de oportunidades, desarrollo rural e infraestructura.

 En cuanto a los requerimientos financieros del sector público (RFSP), en el proyecto de presupuesto se estiman en 2.7 por ciento del PIB para 2004 y consideran lo siguiente: 

Un incremento en los proyectos de inversión financiada en el sector energético (Pidiregas). La cual se estima aumente en términos reales en más del 28 por ciento anual.

Mayores recursos para créditos al sector privado y social a través de la banca de desarrollo y fondos de fomento, dando prioridad a los programas de financiamiento a la vivienda.

Un incremento en el ahorro público, derivado de menores necesidades de financiamiento del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), así como del vencimiento de parte de los pasivos asociados a los programas de apoyo a deudores. 

Política de ingresos: Se estima que durante este año los ingresos del sector público, sin incluir los procedentes de financiamientos, alcanzarán un monto equivalente a 22.7 por ciento del PIB. Ello implica una disminución en comparación con la proyección de cierre para el año anterior, debido fundamentalmente, a dos elementos:

Se espera una reducción significativa de los recursos procedentes de la actividad petrolera por un menor precio de los hidrocarburos en el mercado internacional.

Se prevé una disminución de los ingresos tributarios debido al impacto en la recaudación por la reducción de los aranceles acordada por nuestro país en los distintos tratados de libre comercio, y por la propuesta de derogar el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario. 

Con el fin de atenuar la disminución de los ingresos y fortalecer la recaudación procedente de los impuestos, en el presente año el Gobierno Federal buscará simplificar los trámites que deben seguir los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales, ampliar el padrón de contribuyentes y mejorar los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Política de gasto: Para el 2004 se seguirán los siguientes objetivos: 

Establecer un nivel de gasto congruente con la disponibilidad de recursos públicos, protegiendo los rubros prioritarios a través de la racionalización del gasto corriente, la reducción del gasto burocrático, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y una ordenación del gasto en servicios personales, orientándolo a los servicios públicos en beneficio de la población.

Otorgar prioridad a las erogaciones que benefician directamente a la ciudadanía.

Elevando el gasto en desarrollo social, particularmente el destinado a educación, salud y seguridad social.

Incrementando los recursos a los programas para la superación de la pobreza.

Manteniendo la inversión impulsada por el sector público en niveles elevados, para que sea un detonador del crecimiento económico y de la generación de empleos.

Impulsando el desarrollo económico, con una mejor infraestructura y con acciones para elevar la competitividad de las empresas y la productividad laboral.

Fortalecer las erogaciones que se destinan a las entidades federativas y municipios y a grupos de menor desarrollo.

Fortaleciendo el federalismo, a través de una mejor asignación de recursos y responsabilidades entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Dando preferencia a las erogaciones para el desarrollo rural.

Política de deuda pública: Se prevé que los recursos necesarios para financiar tanto el déficit del Gobierno Federal como la reducción neta de la deuda externa, serán cubiertos en su totalidad a través de fuentes internas.

Es pertinente subrayar que la meta planteada de captación interna no tendrá  efectos adversos sobre la disponibilidad de recursos financieros para los sectores privado y social durante el próximo año. Ello en virtud de que, por una parte, el monto solicitado es significativamente inferior al del 2003 y, por otra, el ahorro financiero estimado para el próximo año se verá beneficiado por un escenario económico más vigoroso. De esta forma, la política de crédito público continuará siendo no sólo un mecanismo de captación sino un instrumento promotor del desarrollo del mercado financiero nacional. 

Por lo que se refiere al manejo de la deuda externa, las acciones estarán encaminadas a lograr que el monto se reduzca mediante operaciones de manejo y administración de pasivos que permitan mejorar la composición y los términos de la estructura de la deuda externa del sector público. 

Política de financiamiento a los sectores privado y social: En el 2004 los esfuerzos en materia de la banca de desarrollo se centrarán, principalmente, en los siguientes aspectos:

Avanzar en la consolidación de las instituciones recientemente creadas.

Seguir apoyando la conformación de una red de intermediarios financieros, en particular en el sector rural.

Avanzar en la eliminación de duplicidad de funciones entre las instituciones para mejorar la operación y reducir los costos.

Enfocar con mayor precisión los mandatos otorgados a las instituciones.

Continuar con el desarrollo de los mercados de garantías impulsado por las instituciones de banca de desarrollo en particular del sector vivienda.

Mantener las acciones de apoyo al sector empresarial, promoviendo el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.