Alarma: desaparece maquinaria pesada

Se han reportado 650 equipos robados con valor
de $400 mdp en 5 entidades

Roberto Campa Zuñiga

En los últimos dos años, los distribuidores y pequeños propietarios de maquinaria pesada de Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México y Distrito Federal han sufrido el incremento de robos de estos equipos.

De acuerdo con datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y las Procuradurías de Querétaro y Distrito Federal, el número de robos de maquinaria pesada supera los $400 millones de pesos, lo que significa la extracción de poco más de 650 equipos como tractores, retroexcavadoras y montacargas.

El procurador general de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, dijo que en los últimos cinco años se registraron índices importantes porque “no había estrategias para su combate, dado que no estaba tipificado el delito”. Y no fue hasta que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) hizo las denuncias que se comenzó a tomar cartas en el asunto.

El robo es el inicio de una cadena de delitos: falsificación y comercialización ilícita que se hace entre particulares.

Según la CMIC y la procuraduría de justicia de Querétaro el mayor número de ventas de maquinaria pesada robada se realiza en Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Distrito Federal. En la capital de la República el comercio ilegal se realiza con mayor frecuencia en Iztapalapa y Tláhuac.

En ese sentido, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del DF revelaron que elaboran un padrón de robos de maquinaria.

Mientras tanto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) da cuenta de que algunos de sus miembros han identificado en Centroamérica maquinaria robada en México.

Granados Torres explicó que los dividendos para la delincuencia, una vez que se falsifican los papeles, ascienden hasta los $300 mil pesos por cada máquina vendida.

Adicionalmente, el problema también radica en que existe una gran facilidad de circular por las carreteras federales y calles, pues basta que el transportista cuente con un permiso provisional por exceso de dimensiones para que no se les impida trasladar maquinaria o que sencillamente cuente con placas del servicio público federal, para que en ningún momento sea molestado por las autoridades policiales.

El procurador queretano admite que “es tan evidente trasladar equipo de ocho o más toneladas y todos de color amarillo, por una absoluta ausencia de normatividad que impide realizar una revisión minuciosa en carretera”.

Y no fue sino en mayo de 2004 cuando se reunieron los representantes de las procuradurías de la zona centro del país donde se planteó el problema y acordaron:

Presentar un programa nacional para combatir el robo de maquinaria para la construcción.
Establecer un padrón de equipo robado.
Tomar acciones de intercambio de información entre procuradurías para evitarlo.
Asumir medidas preventivas de comunicación con el sector y la sociedad en general.
Capacitar unidades policiacas especializadas.
Estimular programas de participación ciudadana

En ese sentido, las sugerencias para evitar ser víctimas de robos es crear un padrón de máquinas y operadores, identificar los números de serie de los equipos, dotar de mayor iluminación las construcciones, restringir los accesos y la colocación de dispositivos de encendido.

Rodrigo Torres, empresario del Estado de Hidalgo y víctima de la delincuencia, comentó que el robo se facilita porque las máquinas transitan a velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, es decir “en media hora están a 15 kilómetros del lugar donde fueron extraídos y se pueden esconder en cualquier espacio”.

Además es muy lucrativo debido a que la mercancía se vende con facilidad si se alteran los números de serie. Y a veces –añadió– no basta que la maquinaria tenga todos los elementos de inmovilización, como puede ser el transponder similar al de los automóviles o bloqueadores de corriente y combustible.

Explicó que lo grave de todo es que la maquinaria robada pasa por invisible debido a que autoridades como la Policía Federal Preventiva (PFP) no posee el poder jurídico para la revisión de este tipo de cargas que transitan por la carreteras federales.